Manifiesto «Por el Patrimonio, por una Profesión Necesaria»

El Patrimonio Cultural es el conjunto de expresiones, materiales e inmateriales, a través de las cuales la creatividad humana muestra la conformación de su cultura. Su pérdida y deterioro resulta irreemplazable: perdemos nuestro pasado, perdemos memoria y por ende trascendencia como sociedad. Por si eso no fuera suficiente, también se dilapida el potencial socioeconómico que su respetuoso aprovechamiento genera.

Coincidimos en la riqueza de nuestro legado patrimonial y su inmensa aportación a la cultura universal. Ese potencial debe estar legitimado por la propia sociedad, que establecerá qué debe ser preservado: las acciones hacia el Patrimonio Cultural se fundamentan en el reconocimiento social de su valor, en la asunción de la necesidad de proteger su herencia. Necesitamos una sociedad preocupada por su pasado, consciente de su papel activo en su defensa.

En ese contexto y en palabras de E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations): “el rol fundamental de la profesión de Conservación-Restauración es la preservación del Patrimonio Cultural en beneficio de las generaciones presentes y futuras. La profesión de la Conservación-Restauración contribuye a la percepción, apreciación y comprensión del Patrimonio Cultural con respecto a su contexto ambiental y su importancia y propiedades físicas.” Dicha definición quedó ratificada en la Declaración de Berlín de 2015, por los 22 países europeos que componen E.C.C.O. y recogida y ratificada por la Declaración de Nájera en 2017, uniendo bajo un mismo marco común a centros educativos, así como las Asociaciones que defienden la profesión del Conservador-Restaurador cualificado en España.

Para la consecución de ese mandato social, la profesión de Conservación-Restauración debe alcanzar un reconocimiento similar al que recibe el Patrimonio Cultural. Y esa condición inicial no parece haberse logrado, lo que produce, no sólo una condición de trabajo insoportable sino, más grave, acciones indeseadas y sobre todo omisiones en la ineludible tarea de proteger el Patrimonio Cultural.

Quienes nos formamos en Conservación-Restauración durante al menos cuatro años en escuelas y facultades, tenemos la obligación de cumplir un código ético muy estricto y de conocer los procesos de deterioro para responder con acciones complejas que garanticen la perdurabilidad de los bienes culturales. Esa formación recibida tiene un amplio reconocimiento internacional que nos prepara para ejercer la profesión. Pero al tiempo observamos el florecimiento de propuestas formativas irregulares que parecen legitimar la ejecución de trabajos altamente especializados a personas sin la formación debida.

Debemos trabajar con unos estándares de calidad elevados, lo que impone una regulación en el acceso al trabajo y unos proyectos tan exigentes como la formación recibida. Y sin embargo, no percibimos esas condiciones en el mercado real: las normas del juego no están definidas y las inversiones se reducen cada día. La escasa normativa, como la Ley de Contratos del Estado, se limita a dificultar dicho acceso y a favorecer el abaratamiento de los trabajos.

De seguir en la actual situación, existe el riesgo cierto de que las personas que ejercen la profesión opten por emigrar, buscando horizontes más favorables, y terminemos por atraer profesionales con menor preparación como ya ocurre en el sector de la Sanidad.

Percibimos en el fondo una escasa sensibilidad social hacia el Patrimonio que nos afecta directamente y que se evidencia en la falta de criterio y financiación de las actuaciones de Conservación-Restauración. Sufrimos la ausencia de leyes adecuadas y de planes coherentes. Faltan profesionales en el diseño de las políticas de protección, en las administraciones públicas y en los museos. Falta ambición y planificación, salvo cuando el Patrimonio Cultural puede ser utilizado por el cuerpo político como aglutinador social o como recurso turístico.

La falta de reconocimiento social se ve incentivada por no penalizar intervenciones que claramente constituyen delitos contra el Patrimonio Histórico Artístico. Ninguna denuncia prospera porque la Conservación se considera un ejercicio opinable relacionado únicamente con la estética.

Con este manifiesto hacemos una llamada general a la sociedad española, y muy particularmente a sus representantes políticos y sus gobernantes, para que pongan atención sobre una profesión necesaria y aborden la resolución de las incertidumbres que ensombrecen su capacidad de acción. No sólo estamos hablando de la supervivencia de un grupo profesional; más bien de la urgencia de atender las necesidades de nuestro Patrimonio Cultural. La Conservación-Restauración del Patrimonio Cultural no es un hobby, es una profesión.

La memoria de nuestra sociedad está en juego.