Programa 4.- Regulación Profesional

El objetivo principal de ACRE  ha sido desde su formación conseguir la regulación de nuestra profesión. Ese objetivo no sólo beneficiará al sector profesional de la conservación-restauración, sino sobre todo producirá mejoras en la calidad de las intervenciones sobre el Patrimonio Cultural que es frágil e insustituible y que merece los más altos estándares de calidad. Nuestra actividad dispone de características suficientes para exigir una regulación del ejercicio profesional porque entre otras cosas valoriza los recursos patrimoniales y su actividad es de indudable interés público.

Vemos por tanto urgente y factible la elaboración de una normativa específica de ordenación de  la actividad vinculada a las intervenciones sobre el Patrimonio Cultural, que resulta sencilla y puede dar solución a muchos de los actuales problemas del sector.

Existen varias vías para por las que podría llegarse a la regulación, algunas son complejas y es necesario cierto tiempo para su consecución. Entendemos, por ejemplo, que modificar la Ley de Patrimonio Histórico Español del 85 incluyendo la figura de los conservadores-restauradores no es una solicitud sencilla. Lo mismo ocurre con la elaboración de una nueva ley reguladora, no es sencillo pero es posible como ha ocurrido en Italia, país en el que han ocupado largos años para regular la actividad de la conservación-restauración.

Puesto que para las leyes marco se desarrollan reglamentos posteriores que complementan dichas leyes en cuestiones concretas, en ACRE pensamos que la forma más simple sería la redacción y publicación de un reglamento subordinado a la Ley  de Patrimonio Histórico Español 16/85 que defina las atribuciones profesionales del conservador-restaurador y reconozca las facultades y competencias  que le son propias que ya fueron recogidos por la European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations (E.C.C.O) en Competencias necesarias para acceder a la profesión de conservador-restaurador.

Las atribuciones profesionales son la capacidad legal para el ejercicio de una profesión regulada, es decir, la habilitación para ejercer legalmente una determinada profesión. Estas atribuciones profesionales las otorgan los títulos académicos que reúnen una serie de requisitos, por tanto,  es el Gobierno por medio de una Orden Ministerial  el que fija las competencias mínimas que se han de adquirir para poder ejercer una profesión. Estas órdenes fijan las titulaciones habilitantes y por tanto los requisitos de capacitación.

En nuestro caso, tanto la ya citada  Ley de Patrimonio Histórico Español 16/85 como en alguna de las 17 leyes autonómicas de Patrimonio, para determinar quién puede intervenir en el Patrimonio Cultural se recoge la figura del “Técnico competente”. Pero ¿quién es este técnico competente?: no se aclara quién es, ni la cualificación y capacidades que éste debe tener. Como consecuencia, incluso en las legislaciones más avanzadas, existe un vacío interpretativo que permite la intervención sobre Patrimonio Cultural a personas no cualificadas, lo que no puede ser aceptado, pero sólo tiene trascendencia hasta que ocurre lo que nosotros definimos como un atentado contra el Patrimonio Cultural.

Si se consiguiera la regulación, todas las intervenciones de conservación-restauración, es decir, todas las acciones para salvaguardar el patrimonio cultural tangible, legalmente sólo podrían ser realizadas por profesionales con titulación superior. Cada día que pasa sin que se resuelva esta problemática pone en grave peligro a nuestro Patrimonio Cultural. Es increíble que aunque el patrimonio  en nuestro país goza de una importante protección legal, cualquier voluntario sin formación  pueda intervenir  provocando daños o incluso su destrucción y que hasta ahora solo se hayan condenado estas acciones  con sanciones administrativas.

Desgraciadamente esta situación no es exclusiva de España, actualmente muy pocos países de la UE cuentan con regulación profesional en este ámbito, lo que ocasiona que atentados contra el patrimonio, como el ocurrido hace unos días en nuestro país, también se produzcan en el resto de Europa.

Desde ACRE seguimos trabajando con las instituciones esperando que en los próximos meses se recupere el diálogo con las administraciones competentes para que de una vez por todas se la regulación de la conservación- restauración sea una realidad.