Las decisiones adoptadas en materia de protección del Patrimonio en España vuelven a ser noticia en esta ocasión con motivo de la intervención realizada en la talla del Nazareno de la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor. Desde ACRE reiteramos la necesidad de una definición de  competencias  en las actuaciones de patrimonio cultural, limitando el ejercicio de esta actividad a profesionales especializados  debidamente formados.

La protección  de los bienes que integran el Patrimonio Cultural,  una obligación fundamental

La obra escultórica Jesús Nazareno, de Escuela granadina del siglo XVIII,  se ha visto modificada notablemente en los últimos días por la retirada de un atributo característico de la época como era la cabellera de pelo natural que convertía esta pieza en excepcional, siendo sustituida por un nuevo añadido de madera tallada.

El imaginero Luis Álvarez Duarte ha realizado  este encargo a petición de la Hermandad de Sanlúcar la Mayor, según se desprende de la noticia del ABC de Sevilla 5 de febrero y El Correo de Andalucía 7 de febrero de 2017.

Esta toma de decisión reabre la polémica sobre quién y cómo se interviene en la conservación-restauración de nuestro Patrimonio. Para informar sobre ello, desde ACRE se enviaron cartas al Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías y al Delegado Diocesano de Patrimonio Cultural de la Diocesis de Sevilla  indicando nuestra preocupación ante las intervenciones realizadas por profesionales que no sean Conservadores-Restauradores.

Esta actuación, realizada por un imaginero, no puede ni debe considerarse una restauración, sino una mala praxis. Según los criterios y código deontológico, toda modificación y eliminación de una parte de un bien cultural, incurre en un grave perjuicio para la correcta salvaguarda de ese bien.

Falta de regulación profesional

Aunque se  empieza a advertir cierta preocupación en la sociedad, sigue siendo necesario establecer aclaraciones al respecto y una visión razonada, a juicio de la Asociación de Conservadores y Restauradores de España –ACRE-.

Para estos profesionales. la situación radica en que las funciones de este colectivo no están regularizadas en la Legislación Estatal Española y la Legislación de las Comunidades Autónomas. Partiendo de la efectiva falta de protección, al no ser un bien inscrito en el Registro General de Bienes de Interés Cultural (BIC) equivalente al nivel máximo de protección y tutela según la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, se  obvian también las funciones de actualización del Inventario General cuya declaración corresponde a las Comunidades Autónomas.

A comienzos del siglo XX se establecen las primeras Cartas internacionales con criterios específicos y la metodología de trabajo sobre monumentos y obras de arte. Un siglo después se han desarrollado  directrices y aprobado leyes de protección que han supuesto un gran avance. En España existe desde 1961 un Instituto de Conservación y Restauración de Patrimonio, actualmente denominado Instituto de Patrimonio cultural de España IPCE donde se formaron los primeros profesionales cualificados siguiendo los pasos del IRPA de Bruselas y del Instituto Central del Restauro de Roma. Sin embargo la relativa novedad de esta profesión ha hecho que hasta la fecha nadie haya reparado en que debe regularse este ejercicio con una reserva de actividad profesional, como sucede desde hace años con otras profesiones técnicas.

La situación legal a la que nos enfrentamos es la de que en la actualidad se debe aceptar que cualquiera pueda intervenir sobre estos bienes porque no existe una normativa efectiva que lo controle. Los avances en legislación de nada sirven si se quedan en meros enunciados sin aplicación efectiva, con leyes que no determinan quienes son los agentes autorizados para  adoptar criterios o intervenir con estándares de calidad en el patrimonio comunitario.

Iniciativas para la regulación

En los últimos años asociaciones profesionales como la citada Asociación de Profesionales Conservadores Restauradores de España –ACRE-, la Asociación de Conservadores Restauradores de Castilla y León –ACRCyL-, la Asociación de Conservadores Restauradores de Asturias –ARA-, la Conservadors Restauradors associats de Catalunya-CRAC-, el Grupo Español de Conservación del Internacional Institute for Conservation-GE-IIC- o la Asociación de Restauradores de Portugal –ARP- han centrado su actuación en la necesaria defensa de esta profesión, coordinando esfuerzos a través de su representación en European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations -E.C.C.O-.

Fruto de esta preocupación surgió el  primer encuentro de carácter internacional en la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera promovido por ACRE en julio de 2015 y surge el primer documento consensuado denominado Reunión para el desarrollo español del Plan estratégico de E.C.C.O., con la intención de mejorar la situación existente. En él se plasman las carencias legislativas existentes y las necesidades actuales de unificación y homologación de titulaciones a nivel nacional y europeo.

Como profesionales reiteramos la necesidad de una definición de  competencias  en las actuaciones de Patrimonio Cultural, limitando el ejercicio de esta actividad a profesionales especializados  debidamente formados y penalizando el intrusismo profesional. De no ser así, no se podrá garantizar la adecuada salvaguarda y transmisión de los bienes culturales a las generaciones futuras.